En la era digital que vivimos, la protección de la soberanía digital se ha convertido en una prioridad, tanto a nivel nacional como internacional. Los ciberataques a entidades gubernamentales, que pueden prevenir de proveedores de servicios privados, se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticados, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de los sistemas estatales.
