Entre las medidas acordadas, los gobiernos se comprometen a acelerar la retirada de las barreras que siguen dificultando la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras, especialmente las que frenan la firma de contratos de suministro eléctrico a largo plazo asociados a sistemas de almacenamiento o limitan su participación en los mercados de la electricidad y en los mecanismos de retribución.
