Las indicaciones por el Gobierno a la Ley Corta de Isapres no resuelven la crisis provocada por el fallo de la Corte Suprema (CS) y ponen de manifiesto la verdadera postura de no querer resolverla, a pesar de un discurso sostenido por meses de cumplir el fallo, asegurar estabilidad financiera del sistema, evitar la crisis y proteger a los usuarios.
El borrador constitucional consagra el derecho a la protección de la salud, tanto física como mental. Esto implica que el Estado debe asegurar un acceso equitativo y oportuno a medidas de promoción, prevención, recuperación y cuidado de la salud, además de la rehabilitación a lo largo de la vida. Asimismo, se prevé la creación de un plan de salud universal, que será definido por Ley.