El proyecto de ley conocido como “Anti-spam” que prohíbe las comunicaciones comerciales no autorizadas y que contempla multas asociadas por hasta 96 millones de pesos en caso de infracciones, si bien es bienintencionado, no es la vía correcta para resolver el problema de los llamados molestos. Esto por dos razones principales, una desde el punto de vista de los derechos de los consumidores y la otra desde la de protección de datos personales.
