El escándalo salpicó a varios gobiernos de Latinoamérica y concluyó con la firma de un acuerdo en el cual el ejecutivo aceptó pagar una multa de US$2.000 millones y cumplir una pena que inicialmente era de 19 años de cárcel pero luego fue reducida a 10 años, tras el acuerdo con la Fiscalía.
