La acción judicial se interpuso luego de que las propuestas no alcanzaran las exigencias mínimas en el marco del Procedimiento Voluntario Colectivo.
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema que enmiende el fallo, elevando la multa impuesta a las cadenas a 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) para cada una.
