El pasado 10 de marzo fue publicada la ley N°21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación.
La acusación constitucional constituye un proceso de naturaleza jurídico-político, estatuido en el ordenamiento jurídico nacional y que se tramita ante el Congreso Nacional. En virtud de esta, se pretende hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos por haber incurrido en alguna infracción constitucional y que pueda determinar su destitución o inhabilitación para el ejercicio del cargo u otra función pública.
