La promulgación de la ley que modifica el código penal y el código procesal penal, que permitirá procesos más eficientes, protección de fiscales, jueces, víctimas y policías, penas más estrictas para reincidentes entre otros aspectos, es un avance importante en la lucha contra el crimen, pero si observamos el panorama en perspectiva nos daremos cuenta de que la gestión del gobierno está al debe.
El proyecto “Ley corta Isapres” presentado por el Gobierno para cumplir el fallo de la Corte Suprema no considera la situación actual de los beneficiarios de los seguros privados, especialmente, de aquellos que están haciendo uso activo de sus coberturas. Tampoco toma en consideración las limitaciones financieras por el ajuste de precio base y la fijación de la prima GES definido por la Superintendencia de Salud.