Chile enfrenta una crisis hídrica que dejó de ser coyuntural y se convirtió en estructural. Sequías prolongadas, eventos extremos más frecuentes y una presión creciente sobre los ecosistemas acuáticos han puesto de manifiesto las limitaciones del actual modelo de gestión del agua. En este escenario, el próximo gobierno no solo heredará diagnósticos ampliamente conocidos, sino también una responsabilidad política ineludible: avanzar de la planificación declarativa hacia la implementación de una política hídrica coherente.
En las últimas semanas el mundo se volcó a reflexionar en torno al concepto “Agua para la paz” propuesto por la ONU. En Chile, sabemos que el déficit de suministro hídrico ha generado históricos conflictos entre sectores productivos y las comunidades que no tienen acceso al recurso.
Consideramos que, junto con esa obra, es necesario impulsar una “Gestión Integrada de Recursos Hídricos”, la que se puede definir como el proceso participativo de formular y aplicar en una cuenca, acciones tendientes a orientar su sistema social, económico y natural.