Es imperativo que las autoridades sigan avanzando en la garantía de derechos y calidad de vida de las personas mayores. El envejecimiento de la población no es una proyección futura; es una realidad presente que demanda respuestas concretas, oportunas y pensadas de forma anticipatoria.
Las consecuencias de esta doble discriminación son devastadoras. Económicamente, muchas mujeres mayores enfrentan pensiones que no les permiten subsistir con dignidad, reflejo de una vida laboral marcada por la desigualdad.
