La reciente entrada en vigor de la Ley 21.523, a la que comúnmente se le denomina Ley Antonia, que sanciona la inducción al suicidio y el suicidio femicida ha generado críticas tildándola de populista e ineficaz. Sin embargo, no podemos pasar por alto el avance que constituye para evitar la victimización secundaria que sufren las víctimas más vulnerables en el proceso penal.
