El Ejecutivo está impulsando una antigua obligación constitucional al crear el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta iniciativa busca abordar dos deficiencias fundamentales del sistema procesal. En primera instancia, pretende contribuir de manera eficaz a la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que no disponen de medios económicos para acceder a una defensa jurídica gratuita y de calidad. Lo anterior, permitirá a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito económico, recibir la representación legal que merecen para garantizar un juicio justo.
