La transición en Chile enfrenta una grave distorsión: la instrumentalización de la confianza legítima como amarre burocrático. Lo que nació como protección ante la arbitrariedad hoy muta en estrategia política, plasmada en el Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público. Esta maniobra no busca proteger el mérito, sino que perpetuar una estructura funcionaria vinculada a la gestión saliente, comprometiendo el patrimonio fiscal y la gobernabilidad de la futura administración de José Antonio Kast.
