El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que rechazó la contienda de competencias presentada por el Comité de Ministros contra el Primer Tribunal Ambiental, podría interpretarse como un hito estrictamente jurídico. Sin embargo, sería un error abordarlo sólo desde el tecnicismo legal. Lo que está en juego es mucho más profundo: la legitimidad del sistema institucional chileno para compatibilizar desarrollo económico, protección ambiental y gobernanza robusta.
