En Chile, más del 60% de las personas con discapacidad permanece fuera del mercado del trabajo (ENDIDE 2022), cifra que refleja una tasa de inactividad persistente. Esta situación, lejos de modificarse con la Ley N° 21.015, ha sido reafirmada por el Segundo Estudio de Evaluación de dicha norma, realizado por la OIT, que advierte que buena parte de los contratos vigentes corresponde a personas que ya estaban en las empresas, no a nuevas contrataciones. El problema no radica en la cuota legal, sino en la forma en que ha sido implementada, sin mecanismos efectivos de exigibilidad ni voluntad institucional para corregir las brechas.
