Las recientes conversaciones entre figuras prominentes del gremio notarial, sacadas a la luz pública por un destacado medio de investigación, exponen una realidad que muchos sospechábamos: la oposición a la firma electrónica para optimizar la realización de trámites no se fundamenta en argumentos técnicos o de seguridad, sino en la protección de intereses particulares. Lamentablemente, en desmedro del beneficio directo a millones de ciudadanos, quienes, con los avances tecnológicos, podrían acceder a diversas diligencias con solo unos clics.
