Jaime Gallegos

Hace un par de semanas tuve el gusto de asistir al Palacio de Linares, donde funciona Casa de América, en Madrid, a la presentación de un informe denominado Panorama de la inversión española en Iberoamérica, oportunidad en que pude escuchar -en primera persona- que las expectativas sobre la economía de nuestro país parecían ser mejores que la escuchamos a “este lado del charco”.

La integración de la Convención Constituyente y los resultados de las elecciones primarias, ponen sobre la mesa la necesidad de reformular algunos pilares sobre los cuales ha girado el modelo económico en vigor en Chile.

Días atrás se publicó en el Diario Oficial el decreto nº 18, de 2020, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual se promulgó el primer y el segundo instrumento modificatorio del Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, acuerdo este último que entrase en vigor el 1 de mayo de 2016, y que supone un ambicioso acuerdo comercial que une a Chile con Colombia, México y Perú.

La pandemia que azota el planeta y que tantas vidas se ha llevado consigo, ha dado lugar a la matización de algunos “dogmas de fe” en el “modelo” económico chileno. Ya bastante se ha dicho sobre el retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones y ahora pareciera que estamos ante otra variante en esta oleada de cambios.