“En vez de una prohibición total, se podría avanzar hacia un uso más regulado. Por ejemplo, establecer topes al reajuste en UF en servicios esenciales, o permitir su uso solo en contratos mayores a cierto monto. También es necesario un calendario gradual de transición con participación activa de expertos, colegios profesionales, entidades financieras y representantes de consumidores”.
