Américo Ibarra

En el imaginario colectivo y en particular post estallido social se instaló la idea que era necesario reconocer y otorgar rango constitucional al derecho a la “vivienda adecuada” (Art N° 14, Numeral 29) y por tanto una parte de la sociedad valoraba se otorgara le otorga una categoría a nivel de un “derecho fundamental”.

Recordemos que la inversión total en la economía a fines del año 2022 mostraba una caída importante como consecuencia de múltiples variables: altos costos de construcción, menor rentabilidad de los contratos; inflación; dificultades de apalancamiento bancario y desistimientos de inversión, lo que se suma a un escenario externo deteriorado, condiciones financieras restrictivas y alto nivel de incertidumbre.

La intervención estatal en el mercado de la construcción es crucial para satisfacer las necesidades de vivienda de la población, promover la movilidad social, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social. Además, el sector de la construcción desempeña un papel significativo en la economía, contribuyendo aproximadamente al 7% del PIB y en el empleo es cercano al 8% de la fuerza de trabajo.

El Ministerio de Vivienda se encuentra ante un importante desafío para el año 2024, con un aumento del 11,9% en su presupuesto anual que representa un gasto cercano a los 4,92 billones de pesos destinados al Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Este plan tiene como objetivo la construcción de más de 78 mil viviendas el próximo año, con un presupuesto de $3.59 billones, lo que representa el 73% del total.