América Castillo

La aprobación del proyecto de ley “Escuelas protegidas” -despachado el 2 de junio por la Cámara de Diputados para su promulgación-, estuvo marcada por reservas de constitucionalidad y votaciones separadas impulsadas por la oposición. Lo que quedó en evidencia en ese debate —y lo que seguirá resonando una vez publicada la ley— es que en Chile aún no hay acuerdo sobre una pregunta básica: ¿qué significa proteger una escuela?

El Diagnóstico sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia, entregado hace pocos días, reveló cifras preocupantes. Según el reporte, se registraron 2.518 egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas en niños y adolescentes en 2025; hubo 35 mil casos de violencia sexual contra menores en ese mismo lapso y 41.557 niños están en lista de espera para recibir protección. Al mismo tiempo, se informó que hay 817 en situación de calle.

La discusión sobre seguridad en los establecimientos educacionales está en el centro del debate público, a propósito de la muerte de una inspectora de un colegio en Calama, lo que motivó la urgencia de los proyectos de ley recientemente ingresados al Congreso, orientados a establecer nuevas sanciones frente a la violencia escolar.