Inclusión laboral, cuando cumplir no significa incluir
Enero de 2026 y, una vez más, la inclusión laboral vuelve a instalarse en la agenda empresarial como un ejercicio de cumplimiento. Campañas, eslóganes y llamados a la conciencia recuerdan a las empresas la obligación de alcanzar el 1% exigido por la ley. Sin embargo, tras esta aparente preocupación por incluir, se ha consolidado una práctica que merece ser revisada con mayor profundidad, un sistema que permite cumplir sin contratar, transformando la inclusión laboral en una compensación económica más que en una política efectiva de acceso al empleo.
Entre las medidas que contempla la legislación para subsanar el no cumplimiento de la cuota mínima del 1% de contratación de personas con discapacidad, se encuentra la posibilidad de realizar donaciones a fundaciones que cuenten con proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. La ley establece que estas alternativas solo pueden realizarse bajo razones fundadas, asociadas a la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o a la falta de personas con discapacidad interesadas o disponibles para los cargos ofrecidos, cuando la realidad es que sí existen personas formadas, con las competencias para los cargos, y que la mayor parte de las veces no son miradas y se prefiere simplemente la donación.
El escenario actual es desalentador. Los datos oficiales reportados por la Dirección del Trabajo, indican que el cumplimiento de la cuota del 1% por parte de las empresas en Chile sigue siendo bajo. Según la información entregada por las propias organizaciones, solo un 36,4% de las empresas obligadas declara cumplir con la normativa. En el sector público, la situación es aún más crítica, con cifras que bordean apenas el 15% de organismos que cumplen con la exigencia legal.
Este bajo nivel de cumplimiento adquiere mayor relevancia si consideramos que la nueva Ley 21.690 establece el aumento de la cuota al 2%. Sin embargo, dicho incremento no tiene una fecha definida, ya que solo comenzará a regir una vez que se certifique que el 80% de las empresas cumple con el 1% vigente. En el contexto en el que nos encontramos, este requisito no solo parece lejano, sino que evidencia una deuda estructural que el país aún no logra saldar.
A esto se suma una paradoja difícil de ignorar. La donación que deben realizar las empresas a las fundaciones, equivale a dos ingresos mínimos mensuales por cada persona con discapacidad no contratada, lo que se traduce en 24 ingresos mínimos al año por cada vacante incumplida. En la práctica, mientras menos personas con discapacidad contrata una empresa, mayor es el monto que debe donar, lo que provoca que el incumplimiento se vuelva administrable y que más personas con discapacidad aun sigan sin acceder al mundo laboral.
Dentro de nuestra vasta diversidad de organizaciones sociales, existen numerosas fundaciones receptoras de donaciones. Algunas realizan una labor extraordinaria en comunas históricamente postergadas y luchan por acceder a recursos mínimos, mientras que otras concentran una parte significativa de los fondos disponibles. No se trata de cuestionar la existencia de las fundaciones ni su rol histórico, sino de preguntarnos si el sistema actual las está empujando a suplir una responsabilidad que debería recaer, principalmente, en el mundo empresarial y si estas donaciones llegan efectivamente a proyectos que respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad y les permitan acceder a empleos dignos, estables y acordes a sus competencias.
Seguiremos creyendo y apoyando a las fundaciones que trabajan con la convicción de que esos dos sueldos mínimos por cada persona con discapacidad no contratada deben dejar de ser donaciones y se transformen, en sueldos para las miles de personas con discapacidad que aún esperan una oportunidad laboral real.
La inclusión no puede seguir siendo una línea más en el balance financiero ni una estrategia para cumplir sin incomodar. Mientras existan personas con discapacidad esperando una oportunidad laboral y empresas dispuestas a pagar para no contratar, algo esencial está fallando. Es tiempo de dejar de preguntarnos cuánto cuesta incluir y empezar a preguntarnos cuánto estamos perdiendo como sociedad cuando transformamos un derecho en un negocio.
María Paz Wagner B.
Coordinadora Nacional de Vinculación y Proyectos de Inclusión Laboral.
Fundación Down Up
