Expropiación de la herencia: ¿Odiosidad, simple estupidez o genialidad ideológica?

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Harald Ruckle


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unos diputados iluminados de la izquierda se les ocurrió otra manera de atacar a los ricos tan odiados por su radicalizado sector. A partir de un monto total de 4 mil millones de pesos (aproximadamente 5 millones de dólares) a traspasar a los herederos, el dinero que supera este límite se debe entregar al estado. Todo. Ojo, es un proyecto de ley ingresado a la cámara.


El autor de esta columna se siente en libertad de opinar sin conflicto de intereses particulares: por falta de tal nivel de patrimonio, mis futuros herederos no sufrirían esta nueva expropiación.


Con una habilidad matemática admirable calcularon que una persona con 4 mil millones de pesos puede vivir 166 años con un ingreso mensual de 2 millones de pesos. ¡Qué bueno que al final sepamos el ingreso que debe, según nuestros legisladores, corresponder a cada ciudadano! ¿Ahora podemos suponer que estos 2 millones serán el techo de la remuneración total (sueldo más los múltiples asignaciones) de los honorables representantes del pueblo?


Este “rarocinio” no alcanzó a considerar varios factores y efectos. A la persona con una herencia de 4 mil millones, con las leyes tributarias vigentes, se le descuenta 906 millones de impuestos (según la tabla progresiva con una tasa marginal máxima de 25%, a partir de una herencia de 1200 UTAs, 716 millones de pesos). Ahora se pretende aplicar una tasa de 100% por encima del tope sugerido, sin tomar en cuenta (como se hace actualmente) si hay uno o varios beneficiarios. Si hubiese diez, cada uno recibiría 400MM máximo, menos los impuestos aplicables hoy. Los 166 años de los diputados se convierten, con suerte y gastando 2 millones mensuales, en 16.


Se argumentará que igualmente es un regalo “caído del cielo” para pocos privilegiados; mientras la gran mayoría no recibe nada de sus antepasados. Veamos entonces el impacto colectivo de esta “novedosa” idea de redistribución coercida.


Hasta nuestros políticos deberían entender que este nivel de patrimonio, los 5 millones de dólares, no suelen estar bajo el colchón, o en otros activos líquidos, sino la gran parte está invertida en las empresas familiares. El dinero ya está circulando, otro vociferado objetivo extravagante del proyecto de ley. Si fallece un fundador de una empresa cuyo valor excede el límite propuesto, se forzaría la venta de la empresa para pagar los impuestos. Este acto en sí puede causar impuestos adicionales al generar una ganancia contable. Al vender la empresa a terceros (posiblemente y preferentemente a extranjeros) se pierden las características y ventajas competitivas de las empresas familiares. Hay tantas empresas familiares exitosas porque está la familia atrás. Sin ella, se destruye valor para la sociedad. Serán pocas compañías de tal envergadura que se les afecte, me dirán.


Con algunos supuestos (convertir los 5MM de dólares de un rango de valor entre mercado y contable, a una cifra de ingresos, usando un margen de utilidad de 15% y un ratio precio/utilidad de 7), podemos ver las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos. ¡Se impactarán entre 8.000 y 14.000 empresas! ¡Que están dando trabajo a 3,7 a 4,5 millones de chilenos!


Entonces habrá que tomar medidas antes la muerte, pensará la mayoría. Hay alternativas legales en la actualidad y después de enriquecer a los abogados, los legisladores las descubrirán y las eliminarán. Mientras, dejan a la empresa familiar, y sus trabajadores, con liderazgos fragmentados y estructuras debilitados, amenazando su sobrevivencia. Sin entrar en el terreno nebuloso de activos fuera del sistema financiero, difícilmente detectables, como el oro, las criptomonedas y los derechos de uso; todos quitando capital productivo al país.


La iniciativa legislativa, entonces, suena como muy estúpida, para el bienestar de todo el país. Pensando suspicazmente, también puede ser una genialidad ideológica. Se ataca al núcleo de la sociedad, la familia, la que en los ojos de la extrema izquierda es un mero vehículo de traspasar injusticias sociales. Quizás se pretenda, en lugar de vender las empresas para poder pagar el impuesto, que el estado se convierta en accionista; proveyendo suculentos puestecillos para los apitutados con el poder político. ¿O se está atacando la empresa privada en su totalidad, una manera gramsciana de estatizar todo? Dejando las empresas en manos fiscales y de extranjeros (los últimos vulnerables a una expropiación futura).


Hace unos meses, habría pensado que las anteriores reflexiones serían una estupidez. Hoy, visto lo que hemos visto, me inclino por sospechar una genialidad ideológica, aunque muy dañina para los chilenos. Claro, excepto para la elite de la renaciente nomenclatura.



Harald Ruckle, Chartered Director del Institute of Directors UK