La propuesta fue analizada en tercer trámite, luego que el Senado perfeccionara dos normas impulsadas por la Cámara de Diputados en torno a los asistentes de la educación. El resto del texto se mantuvo en los mismos términos que lo planteado en el primer trámite, esto es, la aplicación de un reajuste general de 3,5% y la exclusión de las altas autoridades del país de este beneficio.
