La decisión se produjo a pocos días de conocerse el fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección presentado por vecinos y mediante lo cual se obliga al Estado a realizar un proceso de participación ciudadana, revirtiendo así la aprobación de octubre del año pasado. La presidenta de la organización Mirza Hernández indicó que “no vamos a bajar los brazos frente a cualquier otra amenaza ambiental que pueda existir en nuestra localidad”.
