La instancia ordenó el pago de 25 mil UF (cerca de $679 millones) y anuló lo determinado en abril de 2017 por la Corte de Apelaciones de Santiago que revocaba la multa arguyendo el principio judicial “non bis ibídem". De esta forma, el máximo tribunal confirmó la sanción impuesta por la ex Superintendencia de Valores y Seguros.
