El proceso -que se extenderá por un año- es conducido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La prueba, evalúa fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de la institucionalidad, con base a lo establecido en las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor.
