​Hacienda ingresa al Congreso proyecto de modernización de gobiernos corporativos de empresas del Estado y de CORFO

El Ministerio de Hacienda informó que ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece nuevos lineamientos de modernización de las estructuras de los cuerpos colegiados de empresas del Estado y de servicios estatales. Esto, en el marco de la agenda de modernización del estado, impulsado por el Ministerio de Hacienda y el Ministro Rodrigo Cerda.

“Esperamos que este proyecto sea aprobado prontamente. Queremos dar cuenta que, con el mismo, estamos perfeccionando la administración de empresas estatales tan importantes como ENAMI y BANCO ESTADO, y así reforzar su generación de valor para nuestros compatriotas, dado el impacto de tales empresas del Estado. Esperamos tener en el Congreso una discusión donde prime el diálogo y los acuerdos, porque las propuestas profundizan la senda adoptada como país de perfeccionar el gobierno corporativo de las empresas estatales y servicios públicos”, dijo el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

La iniciativa incorpora los estándares más recientes en materia de estructuración y composición de los directorios de las dos empresas estatales, actualizando su gobierno corporativo, profundizando los lineamientos seguidos en las modernizaciones de CODELCO y ENAP.

En concreto, el proyecto propone que el origen de los integrantes de los directorios provenga de la designación por el Presidente de la República, de entre las propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública, en línea con el ímpetu del Gobierno de estandarizar el origen de una mayor cantidad de integrantes de servicios y empresas del Estado desde la propuesta del ADP. Esto, con el fin de independizar el funcionamiento del aparato del Estado y de sus empresas respecto de los ciclos políticos.

Así, se estandarizan los requisitos para integrar tales posiciones, se establecen las inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos, con el objetivo de establecer pisos mínimos de competencia, experiencia, requisitos, objetividad y formación, así como causales de conflictos de interés que puedan impedir asumir tales funciones.

Adicionalmente, la iniciativa busca reforzar los conceptos de responsabilidad de la administración, la que reposa en un cuerpo colegiado, para asegurar una visión integral y diversa, que permita contar con un mejor control estratégico de los riesgos, amenazas y oportunidades que enfrentarán en la administración de las mismas.

Para lo anterior, además de profundizar la regulación de conflictos de interés, se incorpora la obligación de establecer un Comité de Directores, cuyos miembros deberán corresponder a una mayoría de integrantes del directorio designados de entre nóminas propuestas por el Sistema de la Alta Dirección Pública.

Adicionalmente, se establece la renovación por parcialidades de los directorios de CODELCO y ENAP, para procurar generar continuidad y asegurar la reserva de conocimiento en las materias propias de la administración, asegurando así un equilibrio con el conocimiento de las gerencias y, por otra parte, dar estabilidad a la persecución de los objetivos de mediano y largo plazo de tales empresas.

En materia de género, se mantienen los lineamientos establecidos en la recientemente aprobada ley N° 21.356, que establece la representación de género en los directorios de las empresas públicas y sociedades del Estado que indica, reconociendo la mayor y mejor integridad en el análisis de un asunto, así como riqueza en la decisión final, que aporta la presencia equilibrada de ambos géneros en el directorio o consejo según sea empresa estatal o servicio del Estado.

Para efectos de reforzar la función de propiedad del Estado respecto a las empresas en cuestión, el nuevo proyecto crea una estructura que actuará como junta de accionistas para efectos de la rendición de cuenta periódica y de interacción e información con los generadores de las políticas públicas por parte de los directorios de las respectivas empresas.

En el caso de Banco Estado, de ser aprobada la iniciativa, se fusionarán el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo, para así estandarizar tales estructuras de gobierno corporativo a la estructura usual en el resto de los Bancos del mercado chileno, siguiendo las recomendaciones del Bank for International Settlements.

En el caso de CORFO, se modificará la composición de su Consejo, el cual pasará a estar conformado por cinco miembros, cuatro de ellos designados por el Presidente o Presidenta de la República de entre listas de candidatos propuestas mediante la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública. A la vez, para la adecuada coordinación con el Gobierno, se propone que el presidente o presidenta del Consejo sea elegido por el Presidente de la República. Esto, para prevenir posibles situaciones como la pugna del escaso tiempo de ministros y ministras, se propone una integración de miembros seleccionados específicamente para esta tarea. Adicionalmente, la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública busca otorgar garantías de idoneidad, diversidad e independencia en los integrantes del Consejo.

Asimismo, se estima que la conformación de un gobierno corporativo colegiado permite la integración de personas con experiencias, especialidades y formación profesional diversas, lo que redundará en una decisión que abarque más visiones y puntos de vista, incrementando la labor y gestión y rigurosidad técnica y de beneficio a la capacidad, cultura y medioambiente de emprendimiento y fomento a la innovación de nuestros compatriotas.

A fin de procurar una continuidad en las decisiones institucionales e implementación de políticas públicas en materia de regulación, supervisión y gestión interna de la Comisión, el proyecto de ley contempla el nombramiento de integrantes del Consejo por períodos fijos y con renovaciones por parcialidades. Cada miembro del Consejo podrá ser renovado por una única vez.

Finalmente, y para efectos de reforzar la autonomía de los integrantes de los directorios y del consejo designados por el Presidente de la República de entre aquellas personas propuestas por el Sistema de Alta Dirección Pública, se el proyecto propone la creación de un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el evento de que se hicieren valer causales graves para poner término anticipado al período por el cual hubieren sido designadas.