Seguro Inseguro

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Javier Fuenzalida

Se acuerdan de la reforma agraria, se acuerdan del cuento Ali Baba…? No fueron 40 sino 94 diputados los que aprobaron una usurpación legal del patrimonio de las compañías de seguros de vida, el cuarto retiro. Hay cerca de 750.000 pensionados que perciben mensualmente, en promedio, $ 500.000, a los que se les ha otorgado el derecho a exigir un préstamo equivalente hasta el 10 % de valor de su póliza con un tope de $ 4.500.000, en un plazo de 30 días.

Dado que el contrato de renta vitalicia es irrevocable y no admite modificaciones, el manotazo no podrá ser con cargo a las reservas técnica que generan las rentas mensuales de los pensionados, tendrán que echar mano de su patrimonio.

Los pensionados deberán restituir ese préstamo en cómodas cuotas mensuales, hasta $ 45.000 no pudiendo superar el 5 % de la pensión mensual que percibe.

El patrimonio actual de las compañías de seguros de vida asciende a US $ 5.000 millones. Según la Comisión del Mercado Financiero, el cuarto retiro podría demandar desde 57 % o más del patrimonio de las 15 compañías pudiendo llegar a US $ 5.331 millones, lo que significaría una pérdida patrimonial que las inhabilitaría para continuar operando por cuanto los pasivos correspondientes a las pensiones no pueden exceder de 20 veces el patrimonio.

Los 750.000 asegurados son todos mayores de 65 años y necesitarán un plazo entre 15 a 20 años para restituir el préstamo compulsorio. Cerca del 50 % tienen más de 75 años. Si la esperanza de vida es 80 años, hay un 55 a 60 % de probabilidad de que mueran durante el plazo de restitución del préstamo. Puesto de otra forma, terminarían de pagarlo si sobreviven los 100 años y algunos casos hasta 115 años. De ahí que las aseguradoras incurrirán en cuantiosas pérdidas por incobrabilidad.

El primer impacto será la entrega compulsoria a un pensionado de dinero que no le pertenece y que será con cargo al patrimonio del asegurador. Deberán, por lo tanto, quebrar, entrar en liquidación o recurrir al mercado ofreciendo un aumento de capital accionario, para poder continuar un negocio cuya rentabilidad irá en descenso y que en el tiempo se tornará negativo.

Se estipula que la aseguradora tiene un plazo de 30 días para entregar cada pensionado el crédito requerido. Por lo tanto, tendrán que proceder a liquidar activos financieros por cerca de US $ 4.500 millones, provocando un derrumbe de sus precios, lo que no solo afectará a las compañías de seguros, sino que, además afectará también a los fondos de pensiones, fondos mutuos y de inversiones, entre otros. Todo Chile perderá… excepto quienes gozan de una dieta parlamentaria.

El Banco Central ya ha anunciado que esta vez no podrá financiar tal liquidación de activos como lo hizo con el primer retiro, porque la tendría que generar una nueva cuantiosa expansión monetaria con el consabido recrudecimiento de la inflación que ya está sobrepasando la meta del 3,5 % anual.

El segundo impacto, en el evento improbable que la aseguradora consiga el dinero fresco de nuevos accionistas, se producirá en la medida que los asegurados deudores, todos mayores de 65 años, comiencen a morir y aun les quedé un alto porcentaje del préstamo sin pagar. Deudas incobrables.

¿Quién suscribirá acciones de un negocio con una alta probabilidad de fracaso?

Los sobrevivientes también sufrirán un perjuicio por cuanto sus pensiones bajarán al tener que pagar en cuotas el préstamo y si el asegurador quiebra, el estado asumirá el pago de la pensión por un monto equivalente a la pensión básica solidaria de $ 177.000 con un tope de UF 45. Por la naturaleza propia de la renta vitalicia, los aseguradores son los grandes inversionistas en activos de mediano y largo plazo que generará a futuro las pensiones correspondientes. La quiebra del sistema contaminará ese mercado, principalmente el mercado inmobiliario que se financia en gran parte con hipotecas y bonos hipotecarios de los bancos cuyos principales clientes son precisamente las compañías de seguros de vida. Crisis en la construcción.

El panorama es oscuro y puede desatarse una crisis financiera que arrastre al país en una recesión tan grande como fue la de 1982-85.

Es de esperar que el Senado rechace esta insensatez y en el evento que la apruebe, haya un veto por parte del ejecutivo.

Con la pandemia ya es suficiente como para enfrentar otra crisis de la cual el país recién ha comenzado a recuperarse.

La Irresponsabilidad del parlamento como este explica el por qué el creciente desprestigio de los políticos.


Javier Fuenzalida A,

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