Cambiar los estilos

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Luis Riveros

Debate ha causado la decisión que, en las instancias y por medio de los mecanismos correspondientes, ha adoptado la Convención Constitucional en orden a elevar significativamente los recursos dedicados a asignaciones a los miembros de dicho cuerpo. El debate se centra en torno a lo que muchos han señalado constituye una medida inadecuada, especialmente por la naturaleza de este cuerpo electo para redactar un proyecto de nueva Constitución. En efecto, el mismo surgió como una manifestación de la insatisfacción ciudadana con el orden político vigente y las prácticas consuetudinarias empleadas por la política tradicional, pareciendo contradictorio que las mismas se repliquen en la nueva instancia. Pero además, se encuentra también la crítica respecto de la oportunidad en que esto se hace, en medio de una crisis económica que ejerce serias presiones sobre los recursos públicos. Indudablemente, el tema amerita debate puesto que afecta la credibilidad del órgano creado hace poco para asumir una gran responsabilidad republicana.

Una primera versión del debate creado a propósito de la medida en comento, se refiere a si este aumento es o no correspondiente a un incremento en las remuneraciones o dietas de los Convencionales. Se debatió este tema durante un buen tiempo con respecto al caso del Parlamento chileno, donde las asignaciones se constituyen en aproximadamente el doble de los recursos asignados para las dietas propiamente tales. Examinada la composición de dichas asignaciones, es fácil darse cuenta que muchas de ellas son, en realidad, un apoyo financiero a los parlamentarios que sustituye el gasto que los mismos deberían realizar con sus recursos. Es el caso de subsidios para movilización y alojamiento, que no responden necesariamente al desempeño de tareas parlamentarias. Es decir, muchas asignaciones son, en realidad, un pago efectuado a los parlamentarios para enfrentar gastos. En el caso de los Convencionales, el punto que surge es el mismo, y por transparencia debería establecerse que porcentaje de dichas asignaciones son efectivamente sustitutos de desembolsos que deberían hacerse sobre la base de sus dietas. Por cierto, el financiamiento de gastos en asesorías y apoyo administrativo son cuestiones que deben considerarse, efectivamente, gastos ineludibles para sostener el buen desempeño de los convencionales.

Un segundo aspecto que conlleva la decisión en comento, y en el contexto de la debida transparencia que debe envolver el uso de los recursos públicos, es que este tipo de decisiones no debe radicar en quienes se constituyen en beneficiarios de tales recursos asignados. En el caso del Parlamento este ha sido un tema largamente debatido Decisiones de este tipo, para que preserven la credibilidad de la propia institución, deben radicar en otros organismos, de naturaleza independiente, así garantizando transparencia y la garantía del buen uso de los recursos públicos.

Se ha dicho que estas críticas a las decisiones de la Convención Constitucional responden sólo al enfrentamiento político entre izquierdas y derechas. Ese marco referencial no corresponde y, a pesar de que puedan existir opiniones políticamente marcadas, debe sostenerse como una forma de contribuir a un debate sano y que se oriente a cambiar en la evaluación ciudadana, la imagen de una política que propicia el que cada uno se sirva a sí mismo, y no rendir servicio a la comunidad de que todos formamos parte. En ese sentido, la discusión debe servir para cambiar los estilos practicados en la política, que la han relegado a una actividad con baja credibilidad en la ciudadanía.


Prof. Luis A. Riveros

europapress