El Triángulo de Harberger
Parecía que ahora se iniciaría el proceso de asepsia. 18 asesores fueron contratados para hacer un estudio sobre las exenciones. Su informe advierte que la tarea no es presentar un proyecto global de reforma tributaria sino tan solo revisar algunas exenciones existentes que, de no existir, habrían aportado más de US $ 4.200 millones (5.7 % del presupuesto) al presupuesto fiscal.
El informe no se sustenta en una base teórica para evaluar el costo de bienestar que producen las exenciones examinadas. En algunos casos, ni siquiera hay una conclusión y lo dejan para un segundo informe más amplio al no haber consenso o por ser muy difícil. Tomó un poco más de un mes (no indican cuantas sesiones se realizaron). No se sabe cuánto costó (honorarios pagados), por lo que no es posible emitir un juicio en cuanto a su calidad.
Lo que sí llama la atención es que de los 18 convocados, 16 son economistas y dos ingenieros. De los economistas, 14 tiene posgrado en magister o doctorados, lo que supone un amplio dominio de la teoría económica. Todos los que hemos estudiado economía y en particular finanzas públicas, hemos aprendido que los impuestos, por su propia naturaleza, llevan implícito un costo de bienestar porque distorsionan la asignación óptima de los recursos.
Un muy conocido nuestro, profesor de muchos economistas chilenos, Arnold Harberger, estudió extensamente el tema enunciando el llamado “Triángulo de Harberger” en que demuestra que un impuesto sobre las transacciones de un bien o servicio produce una pérdida de bienestar. Joseph Stiglitz, premio nobel de economía, quien acaba de participar en el Congreso Futuro, en su tratado de Finanzas Pública, hace un detallado análisis al tema.
El informe sobre las exenciones carece de ese respaldo conceptual y el análisis de las exenciones se circunscribe a lo que se denomina el gasto tributario, es decir, lo que el fisco deja de percibir cuando los privados legalmente se acogen a éstas. No es más que un registro contable. No se requiere haber estudiado teoría económica para examinar sumas y restas tributarias para llegar a esa conclusión.
Así, sin un examen técnico, examina tan solo cerca de 30 exenciones, debido a que no hay ni en hacienda ni en el sii un catastro de la totalidad de las exenciones vigentes. De ahí que tomaron como base un estudio, también parcial, de la OCDE/FMI sobre el gasto tributario en Chile y se concentra en algunas exenciones en tres categorías tributarias: impuesto de primera categoría, el de segunda y el IVA más algunos impuestos indirectos.
Este recuento parcial revela un gasto tributario del orden de US $ 4.200 millones anuales. US $ 1.700 millones en el caso de primera categoría, US $ 750 millones en el de segunda y US $ 1.750 en el caso de los impuestos indirectos. De existir un catastro total de las exenciones se presume que real gasto tributario es superior al valor señalado ¿En cuánto?
El criterio para modificar, mantener o eliminar las exenciones es arbitrario al no sustentarse en un análisis económico sobre el costo de bienestar. Los argumentos y recomendaciones más bien se parecen un discurso político o un sentimiento de simpatía o antipatía de los comisionados en cada caso, lo que le resta valor para un eventual proyecto de reforma. Es como el “me gusta” de las redes sociales.
Es común hoy que, para reforzar los planteamientos en muchas investigaciones, se recurre a las experiencias internacionales. Las leyes tributarias en casi todos los países están distorsionadas con “ventanitas”, grandes o pequeñas, según la fuerza de sus promotores, alejando a las finanzas públicas como herramienta distributiva del bienestar en beneficio de la población. A modo de ejemplo, el economista francés Thomas Picketty en su último libro, El Capitalismo en el siglo XXI, contiene una severa crítica a las exenciones y discriminaciones tributarias que existen en casi todos los países de la Unión Europea y se lamenta de la carencia de atribuciones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para eliminar tales distorsiones debido a que los países miembros no han permitido ceder facultades constitucionales a esos organismos.
Sin embargo, algunos países hace tiempo ya han eliminado los sistemas tributarios discrecionales introduciendo el “Flat Tax” para restablecer los efectos positivos de bienestar perdido por las actuales leyes de impuestos. Esto es, una única tasa de impuesto de renta dejando que sean las políticas del gasto público las destinadas a generar cambios en la distribución del ingreso e incentivar el crecimiento económico. Estonia lo adoptó en 1994, seguida de Latvia y Lituania. Luego Rusia en 2001, Serbia, Ucrania y Eslovaquia, en 2004, Georgia y Rumania en 2005.
Nada de esto se aborda en el informe en cuestión. ¿Cómo lo hicieron esos países y cómo ha resultado? Es de esperar que el prometido segundo informe contenga el análisis económico y social que amerita la reforma tributaria que el país requiere con urgencia. Hace 15 años, en 2005 escribí una columna sobre el tema y la repetí en 2018. No tuve eco, como tampoco lo han logrado Harberger y Stiglitz, autoridades indiscutidas. Si se practica una acuciosa evaluación de costo/beneficio de la tributación y del gasto público podremos contar con un estado menos ineficiente. Es lo que el informe omite.
Javier Fuanzalida A.
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