Previsión con inteligencia artificial
12 años perdidos y aun no hay acuerdo sobre la reforma previsional. En 2008 se introdujeron importantes modificaciones (ley 20.2559) ampliando el concepto de la pensión mínima garantizada, se introdujo un mayor nivel de competitividad entre las administradoras y se crearon el APV y los multifondos. En 2014 se creó la Comisión Bravo proponiendo actualizar el sistema mediante un aumento de 4 puntos a la tasa de cotización pero que no iría a las cuentas individuales sino a un sistema de reparto. De ahí en adelante no se ha logrado introducir un perfeccionamiento técnico-demográfico. El sistema, sin fundamento alguno se ha politizado con slogans como no+afp y fake news que aseguran que las administradoras son ineficientes y que se roban la plata. Los recientes retiros primero y segundo del 10 % han demostrado que los ahorros han sido bien cuidados y administrados, su rentabilidad ha sido de las más altas y la competencia ha hecho disminuir las comisiones de administración. Lo más importante, los cotizantes han reafirmado que son los propietarios de sus cuentas individuales y que la tasa de cotización es un ahorro forzoso y no un impuesto a los salarios como pretende la política.
La propiedad individual del ahorro tiene por objeto la acumulación de un capital para sustentar una pensión futura. El DL 3.500 de 1981 estableció una tasa de cotización obligatoria del 10 % y una edad para pensionarse libre, generalmente de 60 años para la mujer y 65 para los hombres. Adicionalmente se creó el APV de libre disposición para quienes desean reforzar su capitalización. De esta manera, considerando la estructura poblacional y la esperanza de vida de 1981, una persona con 47 años de cotizaciones (desde los 18 años que se incorpora al mercado laboral hasta los 65 años que se persona) con un nivel de remuneraciones anuales aumentando acorde con el crecimiento de nuestra economía, sin lagunas, podía aspirar a una pensión del orden del 80 % de sus últimas remuneraciones (tasa de reemplazo).
Así se hizo. Sin embargo, el estado no se preocupó por adecuar el sistema al cambio demográfico para mantener esa tasa de reemplazo, como tampoco enfrentar la discontinuidad en las cotizaciones mensuales de algunos cotizantes. Las lagunas que se originan cuando una persona está desempleada o se retira transitoriamente del mercado laboral. Tampoco se enfrentó la irresponsabilidad de algunos empleadores que declaran mensualmente las cotizaciones de sus trabajadores, pero sin integrar los dineros. Una estafa impune.
En 1981 la población era de 11,3 millones, la fuerza laboral de 3.6 trabajadores y la esperanza de vida 67 años. En 2021, 40 años después, la población creció a 19.7 millones de habitantes, la fuerza laboral a 8,9 millones y lo más importante, la esperanza de vida de 67 a 81 años y que llegará a los 85 años en 2050.
El nuevo sistema indicaba que, con una tasa de 10 % durante 47 años de cotizaciones continuas, esto es desde los 18 a los 65 años, podía acumularse un patrimonio capitalizado suficiente para financiar los 3 a 5 años de acuerdo con la esperanza de vida, lo que además significaba una tasa de reemplazo del 80 %. Hoy bajo esas mismas condiciones, pero con una esperanza de vida de 81 años, ese capital debe financiar pensiones durante 16 años, de ahí que la tasa de reemplazo haya caído hasta el 35 a 45 %. Eso es lo que las autoridades, ejecutivo y parlamento estaban obligados a corregir y no dejarse influenciar por los falsos hechos.
En 2008 se introdujo una primera reforma con objeto de ampliar el concepto de pensión mínima garantizada del DL 3.500, la pensión subsidiaria. Se perfeccionó el sistema con el APV, se crearon los multifondos y se amplió la competitividad con la consecuente disminución en las tasas de comisiones cobradas por las AFP. Sin embargo, el estado ignoró los efectos del cambio demográfico ocurrido durante 40 años y propuso un aumentó de 4 puntos en la tasa de cotización para destinarlos al reparto en un intento de volver al antiguo sistema obsoleto.
El actual gobierno propuso aumento de 6 puntos en la tasa de cotización con objeto de restablecer la tasa de reemplazo original. La discusión parlamentaria ha degenerado en un intento de volver al sistema de reparto al menos para esos 6 puntos. Sumados a los dos retiros de 10 % (que pueden derivar en otros más) muere el DL 3500. Al momento, pos retiro, al menos un tercio de los cotizantes quedaron con sus cuentas en cero. De esta forma, el aumento de 6 puntos deja de ser un ahorro individual y de hecho se transforman en un impuesto ilegal a los salarios. Nada puede ser más falso y retrogrado.
Si los políticos aprendieron algo de inteligencia artificial (AI) podrían simular en una planilla exel del office (un software computacional por si no lo saben) diversos escenarios para analizar los efectos sobre las pensiones futuras de los cambios acordes con la actual demografía. Esto se logra simulando diversas trayectorias de rentas de los cotizantes durante 47 años, desde niveles de ingresos más bajos hasta los de más altos. Capitalizando el flujo de cotizaciones a una tasa de 6,5 % (rentabilidad promedio del sistema) se puede calcular el capital acumulado en los 47 años laborales con la actual tasa de cotización del 10 % y alternativamente con otra de 16 % y sensibilizando los resultados si además se extiende a los 70 años la edad para pensionarse. Los resultados de este ejercicio muestran que efectivamente con una tasa de cotización del 10 % la tasa de reemplazo no sobrepasa el 50 %, pero cuando la tasa de cotización sube al 16 % como ha sido la propuesta original del gobierno, dicha tasa de reemplazo se eleva hasta la 70 y 90 %, o sea se restituyen los niveles originales del DL 3.500. Alternativamente, si se aumentan la edad de pensionarse a los 70 años, la tasa de reemplazo mejora levemente.
Estos son los mismos resultados obtenidos por las comisiones técnicas anteriores del 2008 y la del 2014. Desgraciadamente, la flojera mental política prefiere darle el gusto a la calle, mal informada, ignorante del tema y más aún, de la IA, en lugar de trabajar para un futuro bienestar de nuestros habitantes. No le podemos pedir al variopinto político que utilicen la IA, pero si se lo podemos exigir a tanta ONG, institutos de estudios y el batallón de asesores a los parlamentarios que son pagados de nuestro bolsillo que la usen en beneficio de la población.
Javier Fuenzalida A.
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