Una nueva etapa

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Luis Riveros (columnista)Chile entra a una decisiva y delicada etapa después del Plebiscito y sus contundentes resultados. Una etapa crucial que estará rodeada de gran incertidumbre, en la misma medida en que persistan intenciones imponer criterios y conductas por medio de la fuerza o del temor. Si eso ocurre, habrá resultados inconvenientes para el país y, finalmente, para la condición social y económica de la población. Lo justo será actuar con prudencia, y que la nueva entidad que se elija lleve a cabo su tarea con visión de república y observando el largo plazo del país. En el marco de esa prudencia necesaria, debe enjuiciarse la propuesta que se ha escuchado en torno a que la Convención Constitucional remplace al actual Parlamente en materia legislativa, lo cual se pretende vincular a la idea de mandato popular frente al desprestigio de los Poderes del Estado, aunque infringiendo los acuerdos previos a la decisión de iniciar un proceso constituyente.

Una de las más grandes amenazas sobre el proceso al que se ha dado inicio, es la enorme expectativa que se le ha atribuido en cuanto a que solucionará las temáticas pendientes y que son parte de la inquietud ciudadana. Sabemos que una nueva Constitución no puede dar solución a temas como pensiones, nivel de salarios, vivienda digna, atención de salud, mejora de la educación, protección del medio ambiente. La misma puede establecer preceptos generales, estableciendo que muchas de estas cosas se constituyan en derechos, a pesar de que la experiencia de otros países enseña muy bien que tales declaraciones no conllevan los recursos para atender apropiadamente esas demandas. La Constitución puede albergar muchos de estos ideales, pero la solución real a las demandas radica más bien en leyes que deben atenerse, por la naturaleza del conjunto de requerimientos, a los recursos disponibles los cuales no se modifican por simple disposiciones en un articulado. Esto está en la base de la aspiración sostenida por algunos en orden a que el Parlamento sea reemplazado por la Convención Constitucional.

Como parte del debate sobre las nuevas normas, hay quienes piensan que por medio de una nueva Constitución política se puede declarar extinto el “modelo neoliberal”, como también igualar las condiciones de vida para distintos segmentos de la población, a la vez que generando un país reencontrado con sus pueblos originarios y la realidad medio ambiental que condiciona su vida. Hay en esto un alto grado de idealismo y la creación de una gran ilusión, que finalmente podrá desembocar en pobres resultados. Se encuentra con problemas como la efectiva definición del llamado “modelo”, y la propuesta sobre las alternativas viables y convenientes de algunos aspectos clave. La experiencia de México y Argentina, por ejemplo, que han pretendido dar este salto para cambiar “el modelo” por la vía de los hechos, es aleccionadora puesto que se crean grandes expectativas con respecto a cosas que no puede cambiar una decisión política por trascendente que ella sea.

A pesar de las complejidades, de las expectativas y de las propuestas sobre la naturaleza del nuevo organismo que se crea, la discusión constitucional es una gran oportunidad para que el país pueda concebir reglas del juego que son fundamentales para tener estabilidad y mayor equidad. Los grandes reclamos de la ciudadanía se conectan principalmente con expectativas incumplidas, en el contexto de un complejo panorama económico y social. Mejorar las reglas es fundamental para que esas expectativas tengan un mejor marco de desenvolvimiento, eliminando las evidentes injusticias que, por otro lado, existen en materia económica y sobre todo distributiva. Aquí la discusión deberá ser cuidadosa, para establecer nuevas reglas o modificar las existentes, y se pueda efectivamente lograr una sociedad con dinámica económica y mayor equidad y oportunidades. Chile no debe volver a ser un país mediocre ubicado en la medianía de la tabla de resultados comparativos a nivel latinoamericano. Chile merece estar al nivel que alcanzó con posterioridad al año 1990, y que no pudo sostener porque, precisamente, las reglas del juego jugaron en contra de una mejor combinación entre el dinamismo económico y la equidad.

Es hora de fijar un norte definido a nuestro país, en torno a dónde se quiere estar en treinta años más, con qué tipo de sociedad, para así poner logros de desarrollo que heredaremos a nuestros descendientes. Esa es la gran tarea en torno al debate constitucional que se inicia: diseñar las reglas que permitan avanzar en las mejoras que el país necesita, para avanzar en paz hacia un desafiante futuro. Esto es lo que debe marcar la labor de la nueva instancia creada, para llevar visión y decisión más allá de recetas facilistas que conducirán a nuevas frustraciones y no a mejores soluciones. 


Prof. Luis A. Riveros