El gasto loco
¿En que se gastan los recursos del estado? No conocemos aun la distribución del gasto por programas para 2021. Ni siquiera del número de programas, se dice que serían 900, Piñera habló de 700 y el Ministerio de Desarrollo Social cuenta 470.
Hace décadas, ese ministerio se llamaba ODEPLAN (Oficina Nacional de Planificación) se transformó en MIDEPLAN (Ministerio de Planificación) que debía examinar, conjuntamente con la DIPRES (Dirección de Presupuesto), los proyectos del estado y recomendar su continuación, su redefinición o simplemente su eliminación según los resultados de la evaluación. La legislación más importante al respecto data de la década de los 70 y establecía las normas, criterios y metodología de evaluación.
El estado entrenó cientos de funcionarios para realizar ese trabajo analítico (objetivos, implementación y resultados). Uno de los indicadores más relevantes era su retorno o utilidad social, lo que a su vez permitiría ranquearlos de mayor a menor retorno lo que permitía optimizar sus beneficios. El análisis económico y social así practicado eliminaba la indebida presión política sobre el gasto, tan frecuente y poco sana en el presente. La alegría llegó en el año 1990 y con ella, se fue debilitando la aplicación de estas racionales normas de optimización y eficiencia en el manejo del gasto público. La presión política por aumentar la burocracia y gastar el dinero de los contribuyentes fue en aumento y comenzaron a aparecer cientos de nuevas iniciativas, nuevos proyectos, aumento de la burocracia, el pituteo de los apadrinados de los políticos se hizo común y una de sus víctimas fue la tasa de retorno social que era parte importante de la metodología de la evaluación social y que fue abandonada en 1997.
Hoy tal proceso se basa en juicos cualitativos. Se acabó el termómetro, el manómetro y el instrumental del modelo evaluador siendo sustituido por el discurso de cada comité evaluador de programas gubernamentales – EPG - que examina el diseño, implementación, eficiencia y resultados, calificándolos como ”suficiente, no concluyente, débil de ámbito o no aplica” y por lo tanto su desempeño puede ser bueno, medio, bajo o malo. El informe de la DIPRES al respecto indica, para cada programa, el total del gasto asignado, el número de personas o familias beneficiadas, pero sin una medición en cuanto a mejoría de su nivel socio económico, menos aún el mayor valor de sus ingresos y de su bienestar.
Piñera anuncio el nuevo presupuesto y se refirió a 700 programas, pero la DIPRES no tiene recursos para evaluar tal cantidad. En 2019 apenas evaluó 20 y este año 16. Por lo tanto 680 pasaron piola, prácticamente todos, y es por ello que reaparecen nuevamente todos los años en las leyes de presupuesto. Un barril sin fondo. En 2019 de los 20 “evaluados” solo 1 calificó como bueno, 8 con desempeño medio y 11 con desempeño bajo o malo de frentón. En 2020 el cuadro se repite. De los 16 evaluados ninguno calificó como bueno, 6 con desempeñó medio y 9 con desempeño bajo o malo y uno sin clasificar. ¿Qué nos ofrecerá el 2021?
Este festival evaluativo genera un costo que no es menor. Los 16 evaluados incurrieron en un gasto de US $ 3.138 millones, el 4.3 % del gasto público. En 2019 la DIPRES había advertido que los proyectos debían ser reexaminado y que se corría el riesgo que fueran rechazados. No sé si fue o no oída, al parecer no, a la luz de los 16 de los 470 del actual ejercicio. La prensa de hoy informa que será Piñera quien personalmente decida cual continuará y los nuevos que se le ocurra.
Pero lo más importantes es saber los resultados, los beneficiados, aparte de la burocracia y asesores que intervienen en su manejo. El informe de los 16 proyectos evaluados por la DIPRES indica entre 2,4 a 7,6 millones de personas. Si ese número fuera extrapolable a los 470 proyectos que se mencionan en el informe, los favorecidos habrían sido entre 60 a 190 millones de chilenos. Imposible. La razón, no se puede sumar el número de beneficiado por proyecto porque una misma persona puede ser partícipe de varios de ellos. Por lo tanto, no sabemos en definitiva cuántos fueron.
Finalmente, los beneficios creados este año en favor de los desempleados por la pandemia y recesión se han otorgado de acuerdo a las características socioeconómicas que constan en el RSH (Registro Social de Hogares. No sabemos cuántos son. El último dato del 2017 señala 2,3 millones de familias registradas, cerco de 8 millones de personas. Pero no se sabe en cuánto ha mejorado su nivel de bienestar, si tal mejoría es permanente u ocasional, cuáles son sus nuevas perspectivas.
Me temo que este 2021 se repita este descontrol porque no hay interés de parte de la política y de la burocracia por producir algo verdaderamente provechoso. ¿Cómo sería el terremoto si un análisis en profundidad revelara que los beneficios no son los que el estado cree que está produciendo y habría que reasignar el gasto social en forma racional y equitativa debidamente dimensionada?
Javier Fuenzalida A.
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