​Gobierno ingresó a trámite proyecto que fortalece y moderniza al Consejo de Defensa del Estado

Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión que tiene el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el fin de modernizarlo y mantener sus elevados estándares jurídicos, son los fundamentos de la propuesta de ley (boletín 13522) ingresada a trámite legislativo por el Ejecutivo a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

Cabe recordar que la institución es el órgano colegiado encargado de representar y defender los intereses del Estado de Chile y sus organismos, a través del ejercicio de acciones judiciales y extrajudiciales.

La iniciativa, en primer lugar, aumenta de doce a tres los abogados consejeros, de modo de permitir que doce de ellos se dediquen a las labores propias de los cuatro comités que congrega la institución (Penal, Civil, Contencioso Administrativo y Tributario, Laboral y Medio Ambiental) y que uno de ellos ejerza a plenitud la tarea de la presidencia, realizando las funciones propias de su calidad de jefe de servicio.

Asimismo, a fin de fortalecer el rol del presidente del Consejo, el proyecto le otorga nuevas funciones: la de encomendar tareas específicas a los abogados consejeros para la expedita y eficaz marcha del Servicio; y la de determinar las materias de especialidad que serán vistas por cada abogado consejero.

Regulaciones para consejeros

La propuesta establece que los abogados consejeros serán nombrados por el Presidente de la República a partir de una quina elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública, previo concurso público para los altos directivos del primer nivel jerárquico.

Para dichos efectos, el Consejo de Defensa del Estado elaborará el perfil profesional y de competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos a abogado consejero. Asimismo, se agrega como requisitos para ser nombrado el tener una reconocida trayectoria en el ámbito de la academia o en el ejercicio de la profesión.

La iniciativa también limita a 10 años el tiempo que los abogados consejeros ejercerán sus funciones y agrega otras causales de cesación en el cargo, como la renuncia aceptada por el Presidente de la República y la remoción.

Respecto de esto último, se indica que serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de un cuarto de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, se suman causales basadas en el principio de probidad e integridad de la función pública.

De tal manera, el proyecto instituye que los abogados consejeros podrán ser removidos por incapacidad física o psíquica, por notable abandono de deberes, por negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones o por haber incurrido en alguna de las prohibiciones que contempla el proyecto de ley.

La iniciativa, asimismo, estipula que durante el ejercicio en el cargo, los abogados consejeros y los abogados procuradores fiscales deberán dedicarse de forma prioritaria a las funciones que le competen de conformidad a la ley, estableciéndose un listado de acciones prohibidas como, por ejemplo, el ejercicio de todo empleo o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales, o actuar por sí o por interpósita persona como mandatario en juicios contra el Estado, o ejercer como agente en la realización de gestiones de carácter administrativo.

Además, se establecen casuales específicas de inhabilidad, en general, cuando tengan interés directo o indirecto en el caso sometido a su conocimiento o cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. En caso que el abogado afecto no se inhabilite, podrá solicitar la inhabilitación otro abogado consejero o algún miembro del Comité de Ética, debiendo el propio Consejo resolver la inhabilitación por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.

Por otra parte, los abogados consejeros que cesen en sus funciones no podrán ser nombrados por un año miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, jueces letrados, fiscales judiciales, abogados integrantes o relatores, ya sea en propiedad, ya interinamente o como suplentes.

Además, los abogados consejeros que cesen en sus funciones no podrán participar en asuntos del Consejo de Defensa del Estado en los cuales hubiesen tomado conocimiento o intervenido, ni podrán actuar como contradictores en juicios en que el Estado tenga interés o realizar presentaciones ante la Contraloría General de la República representando intereses de terceros en contra del Servicio; durante el plazo de un año con posterioridad a su retiro.

En caso de incumplimiento de las prohibiciones señaladas, se contemplan sanciones graduadas.

Otras normas

El proyecto también amplía las obligaciones de los empleados del Estado, de las municipalidades y de otros servicios de la administración descentralizada del Estado o de entidades privadas en que tenga aporte o participación mayoritarios. En este marco, se establece la posibilidad de que el presidente del Consejo les encargue la defensa de determinados juicios y la obligación de interponer la acción penal para la persecución de ciertos delitos que la ley señala.

Adicionalmente, se amplía la obligación de reserva a los funcionarios en comisión de Servicio en el Consejo y a aquellos funcionarios que hayan recibido el encargo de cooperación.

La iniciativa, en complemento, considera la creación de un Comité de Ética encargado de velar por el cumplimiento del Código de Ética del Servicio (que será vinculante para todos los funcionarios del CDE); realizar recomendaciones generales sobre integridad profesional; y promover programas de capacitación enfocados específicamente en el cumplimiento de estas normas.

Por último, entre otras variadas disposiciones, se contempla un marco de modernización de las funciones del Servicio; un fortalecimiento institucional por medio de la creación de cuatro nuevos cargos (un décimo tercer abogado consejero al que ya se hizo referencia, un Director Ejecutivo y dos abogados procuradores fiscales); y se define un proceso gradual para la renovación de los actuales consejeros.