Superintendencia de Pensiones evaluó perjuicios para los Fondos de Pensiones por “Caso Cascadas” en más de US$ 43 millones
En el contexto de las audiencias públicas del denominado “caso cascadas”, el Ministerio Público dio a conocer un “oficio reservado” de la Superintendencia de Pensiones, remitido con carácter “confidencial”, mediante el cual informó sobre la evaluación que dicha institución realizó sobre los perjuicios a los fondos de pensiones derivados de las operaciones incluidas en la investigación, y que involucran a un conjunto de sociedades de propiedad de Julio Ponce Lerou (en la foto), mediante las cuales mantiene el control de SQM.
Para tal efecto, el oficio señala que tomó la información recopilada durante el proceso administrativo seguido por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros en el “caso cascadas”, donde se sostuvo la existencia de un “esquema” a través del cual el cual el controlador se habría beneficiado, a costa de los accionistas minoritarios, de un conjunto de operaciones simuladas realizadas tanto entre las mismas sociedades cascadas, como a través de intermediarios.
El oficio de la Superintendencia de Pensiones y sus anexos, revelados por la Fiscalía ante el Cuarto Tribunal Oral de Santiago, sostiene que “entre los años 2009 a 2011, las Sociedades cascadas realizaron una serie de operaciones sociales, tanto de inversión como de financiamiento, que tuvieron por objeto dejar disponible importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, para luego, recomprar esos títulos a precios mayores a los de su venta inicial. Las sociedades cascadas vendían esos títulos a sociedades relacionadas (controladas por Julio Pone Lerou), Vinculadas (controladas por Roberto Guzmán Lyon) e Instrumentales (controladas por Leonidas Vial y Alberto Le Blanc Matthaei), para luego recomprar a esas mismas sociedades paquetes de acciones, de igual o mayor número, siempre a un precio mayor”.
Por otra parte, se agrega que las operaciones señaladas tendrían como característica general la realización de transacciones con partes relacionadas, utilizando los mecanismo bursátiles “con el objeto de dar apariencia de normalidad a la serie de transacciones que se realizaban al amparo del esquema antes descrito, con la finalidad de evitar que el mercado tomara conocimiento que el conjunto de dichas transacciones obedecían a estructuras concertadas y planificadas que habrían tenido por objeto proveer oportunidades de negocios a las Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, cuyo resultado favorable se sostenía en la posterior participación, como adquirente, de las Sociedades Cascadas”.
Sin perjuicio de aclarar que finalmente le corresponde a los tribunales de justicia establecer la existencia de perdidas, y en su caso, el monto al que alcanzarían, la Superintendencia de Pensiones señala que el costo estimado para las sociedades cascadas derivado de la operación del referido esquema ascendió aproximadamente a los 300 millones de dólares, considerando un rango de perdida para los Fondo de Pensiones de entre 31,46 y 43,86 millones de dólares, producto de su participación como accionistas minoritarios de las sociedades cascadas.
Cabe recodar que en el primer juicio oral del denominado “caso cascadas”, Motta Camp fue condenado unánimemente como autor de diversos delitos de la ley de Mercado de Valores a una pena de 4 años de cárcel remitidos, más un conjunto de inhabilidades. A petición de la defensa el primer juicio fue anulado por la sala penal de la Corte Suprema en votación dividida, 3 a 2, la que sin cuestionar la calidad de delito de los hechos que se imputan a Motta ni su participación, sostuvo que la sentencia condenatoria se habría extendido más allá de los términos de la acusación formulada por el Ministerio Público y los querellantes.
Se espera que se de a conocer el veredicto del segundo juicio oral durante el mes de Noviembre de este año, en el que se ha calificado como el mayor caso criminal por infracción a la ley de valores en la historia judicial chilena.
