La inconducente discusión del ingreso mínimo y las malas políticas públicas
El debate respecto al sueldo mínimo lamentablemente ha sido una oportunidad más para demostrar cómo se llevan a cabo en nuestro país discusiones y políticas públicas inconducentes. Penosamente parte del desprestigio de nuestra clase política tiene que ver con esto, por cuanto con las mejores intenciones, o las más escondidas, se levantan reformas legislativas que en el fondo empeoran la situación de los ciudadanos. Así, por ejemplo, hace un par de años se puso un límite al “abuso” de los bancos en las tasas de interés, bajando el máximo de interés convencional. El resultado evidente de ello es que, como los intereses representan una tasa de riesgo, ello sólo ha generado que una masa relevante de chilenos quedara fuera del mercado del financiamiento formal. Los parlamentarios que promovieron semejante reforma no se han hecho cargo de los resultados de sus malas políticas públicas.
Naturalmente los políticos que llevaron a cabo esta iniciativa hoy no se responsabilizan de este nefasto resultado. A ello se suman iniciativas de estacionamientos gratuitos, que en realidad sólo aumentan el riesgo de la inversión y encarecerán los estacionamientos. No nos olvidemos que el riesgo y las malas regulaciones se traspasan a precio. Lo mismo sucede con el sueldo mínimo.
Si las políticas de ingreso mínimo fueran eficientes –es decir, generaran el efecto de aumentar el ingreso, cuando es sabido que la productividad es lo único que lo hace-, entonces el sueldo mínimo debería ser de 800 mil pesos. ¿Se imagina la cantidad de despidos que ellos significaría en el sector privado que no puede pagar dicho sueldo mínimo? Y como aumentaría el empleo informal.
Nuevamente se plantea una reforma legal –de aumento de sueldo mínimo- que no aumentará el ingreso de las personas, sino que disminuirá los ingresos de los más pobres.
Entonces: ¿Cuál debería ser la discusión real? Ella debería darse en dos ejes: El primero, en medir las transferencias a los más pobres a través de un ingreso social, sin fijar un sueldo mínimo. Así asegurar mediante prestaciones un ingreso social garantizado, a través de transferencias sociales a los sueldos más bajos. Y el segundo, mejorar las políticas públicas de transferencia social, haciendo que sólo los programas que tengan unos índices de transferencia real sobre un 5%, con relación al año anterior, puedan mantenerse.
No en vano la OCDE le ha recomendado a Chile –dado su mal manejo del aumento del precio de las materias primas con políticas populistas, que no han mejorado el mercado laboral-: “Reforzar las transferencias monetarias, sobre todo los subsidios al empleo y el apoyo a los seguros médicos y de desempleo” (Estudios Económicos, OCDE, Chile, febrero 2018, p.3). A igual conclusión se llega con el estancamiento de la pobreza y aumento de la desigualdad que las políticas desarrolladas por sectores de izquierda dura implementaron durante el gobierno de la Presidenta Bachelet (conforme a los resultados de la CASEN).
Un aumento importante del sueldo mínimo sólo traerá trabajo informal para los más pobres y aumentará las políticas fiscales ineficientes.
En pocas palabras es necesario enfrentar una forma de hacer política que, lamentablemente, ha proliferado en los últimos años, que consiste en no hacerse cargo de las consecuencias que generarán las políticas que, bien o mal intencionadamente, se proponen y ejecutan “para beneficiar a los más desposeídos de nuestra sociedad”.
Rodrigo Barcia Lehmann
Profesor Investigador
Facultad de Derecho
Universidad Finis Terrae
