Esta política de inclusión, consagrada en el Decreto Supremo 116/2015 primero y en el DS 19/2016 después, ha permitido que el Estado entregue mayores recursos a proyectos habitacionales que logren integrar familias de clase media con familias denominadas vulnerables.
El arquitecto especialista en urbanismo y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Carlos Muñoz, valora positivamente que veinte comunas de la Región Metropolitana se encuentren actualizando este instrumento. A su juicio, esto posibilitará que zonas que prohíben una densidad “razonable” de población, como Ñuñoa o Peñalolén, amplíen su capacidad de construcción, viabilizando una mayor oferta de casas o departamentos, lo que bajaría sus precios.