Ricardo Ibañez
La decisión del gigante del arriendo de oficinas WeWork, que recurrió al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos para reorganizarse y enfrentar sus problemas de endeudamiento, es una importante señal para que empresas del rubro desarrollen más su capacidad de leer la evolución del entorno y logren adaptarse a tiempo.
Micro y pequeñas empresas con problemas de sobreendeudamiento tendrán procedimientos simplificados y de rápida tramitación.
Según cifras extraídas del portal del Poder Judicial, el ingreso de causas totales en los tribunales de justicia de las principales ciudades del país aumentó un 64% en mayo, en relación con el mismo mes del 2022. Además, entre enero y mayo del presente año, acumulan un 59% de incremento en todas las materias.
Luego del respiro que tuvimos en febrero con una variación mensual de -0,1% en el IPC, este mes de marzo volvimos a tener cifras negras: el alza de un 1,1% nos mantuvo con una inflación que -a doce meses- sigue estando en los dos dígitos (11,1%). Y, si bien a ratos pareciera que la economía chilena mejora, no podemos perder de vista lo lejos que estamos de volver a tener una inflación que bordee el 4% como en los tiempos prepandemia.
En los primeros meses de este año, dos tribunales de nuestro país: El 11º Juzgado Civil de Santiago rechazó en dos ocasiones la solicitud de liquidación voluntaria presentada por la empresa Microplay, en el mismo sentido el Primer Juzgado de Letras de Talagante utilizando similar argumento rechazó también una liquidación voluntaria, por no contar con juicios pendientes con efectos patrimoniales iniciados en su contra.
De acuerdo a Ricardo Ibáñez, abogado y socio de defensadeudores.cl, 2023 será un año donde se registren muchas más quiebras en nuestro país, tanto de empresas como personas naturales
Los números que observamos coinciden con el diagnóstico de algunos expertos, aunque para otros son una sorpresa. Como sea, y pese a las predicciones, en la práctica ha significado que hemos vivido un año difícil de forma transversal.
La quiebra de la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) a causa de pasivos por más de US $60 millones demuestra la magnitud de la crisis económica que afecta al rubro de la construcción.
El cambio en la pirámide demográfica de nuestro país, que proyecta que a mitad del siglo XXI dos tercios de la población serán personas de la tercera edad, hará de este segmento un grupo cada vez más importante a todo nivel. Desde el diseño de políticas públicas hasta las grandes decisiones electorales, y por cierto también en la economía doméstica.
El lado lleno del vaso: a ocho años de su promulgación, la Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas –comúnmente llamada “Ley de Quiebras”- ha permitido a miles de personas naturales y jurídicas volver a emprender, reinsertarse en el sistema financiero o reorganizar sus pasivos para la continuidad de sus proyectos.
Una de las primeras máximas jurídicas, que todo abogado aprende, es que “a lo imposible, nadie está obligado”. ¿Cuál es el espíritu de esta frase? Que una persona podría incumplir una obligación como consecuencia de que le resulta imposible llevarla a cabo
Cuatro millones 143 mil personas que viven en Chile se encuentran hoy en situación de morosidad, un aumento de 28 mil personas respecto al trimestre anterior, cifras que reflejan una tendencia general al alza de la deuda en los últimos meses. El escenario no es sorprendente, sino, por el contrario, previsible.
Según el abogado Ricardo Ibáñez, el país experimenta un incipiente fenómeno: el tránsito hacia la insolvencia de personas naturales detrás de sus emprendimientos.
Con optimismo y alegría hemos tomado conocimiento del avance del proyecto de ley que busca eliminar el DICOM por deudas que se originan por problemas de salud. Resulta sorprendente, e inclusive ilógico, que recién se esté haciendo cargo la ley de esta temática que toca en lo profundo y lo más íntimo a las familias de quienes viven en Chile.
Ya es todo un hábito. Cada diez años, puntualmente, nuestros parlamentarios vuelven a presentar algún proyecto relacionado con eliminar del sistema financiero las deudas de los consumidores del país. Esta vez, la iniciativa apunta al “borronazo” de aquellas personas que están en los registros de morosidad con montos menores a los $2.5 millones.
Pagar la tarjeta de crédito con otra tarjeta. Hacer la ‘bicicleta financiera’. ¿Cuántos no han caído en la tentación de ese círculo vicioso?
Siete años se cumplen de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, y parecería ser que hoy más que nunca -producto del estallido social y posterior pandemia, se ha puesto a prueba esta herramienta legal que, en sus orígenes, jamás se pensó podría ser de tanta utilidad y necesidad para miles de personas y pequeños empresarios de Chile.