La propuesta, devuelta a la Comisión de Minería, también declara de interés nacional toda operación emanada de la explotación del litio, cuyo titular del contrato de operación sea persona natural o jurídica, en los términos de la norma constitucional que regula el derecho de propiedad, el dominio del Estado sobre las minas del país y la opción de concesión que se puede aplicar.
