A través de la misiva, la entidad consigna que "los dieciséis firmantes, todas personas naturales que conocen muy bien el ámbito de Vivienda, Urbanismo, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente, se ven en la imperiosa necesidad de plantearle a la corporación legislativa (...) una situación que pugna con la probidad, imparcialidad, buena conducta, transparencia y ética en la función parlamentaria."
La iniciativa del Ejecutivo, que fue aprobada en la Cámara y pasó al Senado, persigue la integración social y la equidad territorial, al tiempo que otorga nuevas facultades al Ministerio de la Vivienda, en materia de planificación de las ciudades.