Germán R.Pinto Perry
A poco andar la tramitación de la reforma tributaria que busca establecer un nuevo sistema de tributación para nuestro país, se han manifestado muchas críticas que han motivado indicaciones antes que se haya realizado la votación en general de su texto en el Congreso, lo que evidencia lo “político” que ha sido su tramitación y no sustentada en fundamentos técnicos.
El Presidente de la República intervino en el IX Encuentro Anual del Comercio el viernes recién pasado, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, comentando aspectos del Presupuesto 2023 y haciendo diversas alusiones al empeño que su administración quiere realizar para reactivar nuestra economía, como también algunas referencias al proyecto de Reforma Tributaria Hacia un Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social que está siendo tramitada en el Congreso en estos momentos.
Es una verdad palmaria que las “fuerzas sociales” han conminado a las autoridades (actuales y pasadas) de nuestro país, a dar diligente satisfacción a las necesidades sociales que aún no han sido resultas, pese al crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos 30 años.
Las rentas de un bien raíz urbano solo puede provenir su arrendamiento, es decir, cuando el dueño entrega la posibilidad de uso y/o goce a otra persona por un tiempo determinado.
Ya lleva poco más de un mes el trámite del proyecto de ley de Reforma Tributaria hacia una Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social, el que se ha desarrollado con una demora mayor a la esperada, lo cual, sin duda, perjudica el objetivo que prometió cumplir cuando se anunció.
Para tal encomiable propósito, el proyecto ha realizado modificaciones a la integración del impuesto de categoría con los impuestos finales, ha creado un nuevo impuesto al patrimonio, un nuevo impuesto a las rentas de capital, modificado el royalty minero, eliminado el beneficio del DFL 2 de 1959 y otras disposiciones que, se espera, puedan contribuir al cometido ya señalado.
El proyecto de ley de Reforma Tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social busca aumentar la recaudación fiscal entre 10 a 12 mil millones de pesos para poder responder a las demandas sociales, promesas de campaña, anuncios de la cuenta pública del presidente y también para el nuevo Chile que surgirá de aprobarse el proyecto de nueva constitución que estamos todos leyendo afanadamente.
El proyecto de ley de Reforma Tributaria hacia un Pacto Social por el Desarrollo y la Justicia Social que se está tramitando en el Congreso tiene cambios profundos a nuestro sistema tributario, siendo la desintegración del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC) con los impuestos finales lo más trascendental, en mi opinión.
Muchas sorpresas tiene el proyecto de ley de nueva reforma tributaria que comenzó su tramitación legislativa hace unas semanas, siendo una de ellas, la disminución de la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC) de un 27% a un 25%. Sin duda que representa un interesante estímulo a las inversiones y será un dato relevante para la evaluación de la viabilidad de futuros proyectos.
El viernes recién pasado se presentó al Congreso el proyecto de reforma tributaria que el gobierno tiene considerada como una de las reformas estructurales de su mandato. Ha sido el producto de un trabajo intenso, muy elaborado y apoyado en documentación internacional, análisis de la historia de otras reformas y la recolección de opiniones a través de los Diálogos Sociales.
Mucho interés causó el informe de la OCDE sobre la situación tributaria de nuestro país, especialmente por la estimación de la brecha que existe entre el nuestro nivel de recaudación con relación al PIB y el mismo porcentaje que tiene el resto de los países miembros de esa organización.
La semana pasada fueron presentados los 8 principios que surgieron de los Diálogos Sociales que el equipo tributario del Ministerio de Hacienda realizó desde abril a junio para escuchar a distintos actores, recogiendo sus inquietudes y anhelos sobre un sistema tributario más justo y equitativo que se reflejarán en el nuevo proyecto de reforma tributaria que prontamente se presentará al Congreso, ejercicio que sin duda es loable y destaca el entusiasmo y compromiso de ese equipo. Por
La expectación ya ha llegado a los parlamentarios, como el senador Ricardo Lagos Weber quien ha señalado su anhelo de lograr un “pacto fiscal”; el diputado Jaime Naranjo, mencionando su frustración porque hasta ahora solo ha conocido “pincelazos” del contenido del proyecto; el senador Juan Antonio Coloma, quien manifestó su preocupación por el efecto negativo que puede generar el aumento de los impuestos, porque éstos no son neutros; el senador Felipe Kast, al solicitar que se proteja e incentive la inversión; o el diputado Guillermo Ramírez, que está esperando participar en el periodo prelegislativo que anunció la autoridad económica.
Percibo mucha expectación por la futura reforma tributaria que tanto ha anunciado el Gobierno, debido a las expectativas que se han hecho por las promesas de campaña, lo dicho en el discurso cuando el presidente asumió el mando del país y por lo anunciado en la primera Cuenta Pública recientemente realizada. Además, hay expectación para saber cómo fueron recibidas las múltiples propuestas escuchadas en los Diálogos Sociales que el Ministerio de Hacienda ha llevado a cabo, y que terminaron este fin de semana.
El público lego y alejado del cumplimiento tributario puede haber percibido exageradas las demandas del Colegio de Contadores de Chile AG, tendientes a solicitar un aplazamiento de la fecha para pagar los impuestos este año, lo cual fue acogido por la autoridad y el Presidente de la República instruyó un primero aplazamiento del 30 de abril al 12 de mayo, y luego el Ministerio de Hacienda realizó lo propio, concediendo un plazo especial hasta el 19 de mayo, pero solo para quienes no tengan pago.
Ha trascendido como criterio para una nueva reforma tributaria, la idea de aumentar la recaudación fiscal a través de la mayor tributación de las personas naturales, por medio de incrementar las bases de tributaria y aumentar el número de contribuyentes afectos.
El Colegio de Contadores de Chile A.G. ha conseguido por segundo año consecutivo la postergación de la fecha de declaración de impuestos a la renta anuales, argumentando los problemas que ha presentado la página del Servicio de Impuestos Internos (SII) como también la carga excesiva de trabajo para poder cumplir con los requerimientos de información anexa que el organismo fiscalizador exige para las empresas.
Las constituciones son las normas jurídicas de máxima jerarquía que consagran los principios que sustentan toda la legislación de un país, debiendo perentoriamente señalar aquellos que regulan la potestad tributaria de los estados, para establecer claramente los límites a su capacidad de crear y cobrar los tributos.
No envidio a los futuros miembros de la comisión de armonización que darán coherencia al proyecto de nueva constitución que será plebiscitada el 4 de septiembre próximo, porque lo que ha surgido hasta el momento del pleno de la Convención Constitucional me causa muchas dudas, pues encuentro incoherencias profundas en sus postulados y conceptos.
Reitero: aunque destacados miembros de la Convención Constituyente señalen que es apresurado comentar lo que hasta ahora se ha ventilado en la discusión de la nueva constitución, creo que es totalmente válido manifestar la preocupación por temas que dudo serán morigerados por la comisión de armonización que dará coherencia al texto que prontamente será votado, pues he leído varias iniciativas que me llaman poderosamente la atención tanto por su naturaleza, sus efectos y por la reiteración.