Consejo de Defensa del Estado
El diputado Juan Irarrázaval aseguró que en el Congreso existe desconfianza con los anuncios que están relacionados con la agenda de probidad y cuestionó que organismos como la Contraloría, el Consejo para la Transparencia, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional Económica, no cuenten con mejoras presupuestarias para enfrentar la corrupción.
En el mercado privado ya se utilizan herramientas tecnológicas para licitaciones competentes y transparentes.
La investigación está relacionada con las obras realizadas en el Liceo Valentín Letelier que según el Consejo de Defensa del Estado provocaron perjuicios fiscales por mil millones de pesos, debido a las “maniobras desplegadas por los querellados para defraudar a la Municipalidad de Recoleta abusando de sus cargos, en especial la querellada Repetti, funcionaria de exclusiva confianza del alcalde”.
El dueño de la constructora investigada, César Salazar Salamanca, querellado por el CDE, declaró en parte de su confesión que había participado en una reunión de coordinación en la Municipalidad liderada por el alcalde, en la que “Jadue aseveró que estas negociaciones eran de extrema confianza, que ni a mi mujer le debía contar, que de caminar todo bien, sería extremadamente beneficioso para mi empresa”.
Entre los perfeccionamientos promovidos por el Ejecutivo está un fortalecimiento institucional por medio de la creación de cuatro cargos; nuevas regulaciones para los abogados consejeros y para los empleados públicos; consolidación de los principios de probidad y transparencia; y la modernización de las funciones del Servicio.
La sentencia declara que, de acuerdo a las reglas del juicio abreviado, se condena a Gonzalo Renán Carrasco Quintana, Héctor Iván Concha Jaramillo, José Manuel Valenzuela López, Nolberto Enrique Rivas Lobos, Oscar Eduardo Muñoz Becerra y Rolando Eugenio Sanzana Chávez, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo; inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el término de la condena, más la multa de diez Unidades Tributarias Mensuales (UTM), como autores del delito de malversación de caudales públicos, en grado consumado, perpetrado en Santiago.
“Es muy importante que el Consejo de Defensa del Estado analice los antecedentes y en su mérito, se hagan parte o interponga las querellas por los eventuales delitos que resulten de los hechos descritos”, indicó el parlamentario.