De contar con una normativa actualizada, podrían cursarse sanciones millonarias a empresas que incumplan estándares de seguridad de sus clientes y usuarios.
El objetivo de esta acción, indicó la entidad, es obtener todos los antecedentes para iniciar una investigación sobre el real origen de la filtración y poder evaluar las acciones a seguir para defender los derechos de los consumidores.
