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Ricardo Ibáñez |
Cuando observamos al “Chile real” constatamos el duro camino que deben atravesar personas y empresas de todos los tamaños que enfrentan una crisis económica que parece estar fuera de alcance.
Según cifras extraídas del portal del Poder Judicial, el ingreso de causas totales en los tribunales de justicia de las principales ciudades del país aumentó un 64% en mayo, en relación con el mismo mes del 2022. Además, entre enero y mayo del presente año, acumulan un 59% de incremento en todas las materias.
Luego del respiro que tuvimos en febrero con una variación mensual de -0,1% en el IPC, este mes de marzo volvimos a tener cifras negras: el alza de un 1,1% nos mantuvo con una inflación que -a doce meses- sigue estando en los dos dígitos (11,1%). Y, si bien a ratos pareciera que la economía chilena mejora, no podemos perder de vista lo lejos que estamos de volver a tener una inflación que bordee el 4% como en los tiempos prepandemia.
Las quiebras durante el 2022 tuvieron una fuerte presencia mediática, sobre todo, con los casos de insolvencia de grandes constructoras. Con eso como antecedente, más el alza de las personas en situación de morosidad, estamos seguros de que este 2023 no va a ser distinto.
Era justo y necesario reformar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. A ocho años de su dictación, en un contexto de recesión económica, con la posibilidad de que miles de personas y empresas puedan quebrar en 2023, resulta de vital importancia poder actualizar esta norma.
Los números que observamos coinciden con el diagnóstico de algunos expertos, aunque para otros son una sorpresa. Como sea, y pese a las predicciones, en la práctica ha significado que hemos vivido un año difícil de forma transversal.
La quiebra de la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) a causa de pasivos por más de US $60 millones demuestra la magnitud de la crisis económica que afecta al rubro de la construcción.
El cambio en la pirámide demográfica de nuestro país, que proyecta que a mitad del siglo XXI dos tercios de la población serán personas de la tercera edad, hará de este segmento un grupo cada vez más importante a todo nivel. Desde el diseño de políticas públicas hasta las grandes decisiones electorales, y por cierto también en la economía doméstica.
El lado lleno del vaso: a ocho años de su promulgación, la Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas –comúnmente llamada “Ley de Quiebras”- ha permitido a miles de personas naturales y jurídicas volver a emprender, reinsertarse en el sistema financiero o reorganizar sus pasivos para la continuidad de sus proyectos.
Las isapres pretenden hoy hacer sentir culpable a otros por su propio estado financiero.