Claudio Martínez

Se paga por imprimir, pero también se paga por descargar, cerrando el conocimiento al acceso de unos pocos.

En Chile no hubo requisito para que el valor agregado -no solo el primer eslabón- se desarrollara acá o que se condicionara a establecer alianzas con empresas chilenas dispuestas a innovar e invertir. El modelo chileno no incorpora tampoco a las universidades, quienes son hoy las que están realizando la investigación en el área.

La propiedad intelectual/industrial pertenece a quien extiende un contrato de investigación o a quien proporciona los medios para ella mientras que los beneficios serán compartidos con la persona que realizó la investigación.

La titularidad de las patentes es materia de una ley sustantiva, que en Chile ya está incluida en la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial por lo que no debiera abordarse en la que define estructura y funciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Es clave que este tipo de iniciativas y esfuerzos se reflejen en políticas de Estado que superen el accionar no coordinado de agencias y ministerios adecuando la actual institucionalidad de fomento y promoción de la innovación y el emprendimiento para conectar, con mayor decisión, la actividad empresarial a la academia a fin de generar el mayor impacto posible.

Chile tiene, en sus universidades, el potencial científico para crear conocimientos, tecnología e innovación de primer nivel para liderar la electromovilidad. Necesitamos liderazgo político, empresarial y universitario para que no repitamos la historia del salitre y del cobre.